Las vías de la privatización de la salud de los mexicanos. Una innovadora forma de privatizar ganancias y socializar pérdidas

El texto a sido enviado por compañer@s del Colectivo “Salud Y Resistencia”

Colectivo de trabajadores “Salud y Resistencia”

El gobierno de Peña Nieto se ha encargado de establecer una serie de reformas ligadas a la política neoliberal que sólo beneficia a la clase burguesa. El gobierno de Peña Nieto ahora continúa  con una nueva  reforma  dirigida al  sistema de  Salud, particularmente el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE). La propuesta de esta reforma está bajo una argumentación de “modernización” y “eficacia” de los servicios de salud, que conlleva a la creación del Sistema Nacional de Salud Universal.

Las raíces de la privatización del sistema nacional de salud, están en el modelo de reforma iniciado con la del IMSS en 1995-1997, e instrumentado en el sistema público de salud con el Seguro Popular en el 2003, así como en la reforma del ISSTE de 2007. Los servicios públicos de salud son un ámbito apetecible para la iniciativa privada, ya que el presupuesto federal es del orden de 515 mil millones de pesos, lo que representa el 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto de México.

Ante la información propagada en redes sociales sobre la presunta privatización de los servicios de salud que otorga el IMSS, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) negó que el instituto se privatice aunque admitió que se requiere subrogar servicios para mejorar la atención.

Ante lo anterior expuesto, es muy importante señalar que privatizar no es lo mismo que vender hospitales. La privatización puede transitar por varias rutas como la “subcontratación” o “subrogación” de servicios con prestadores (empresarios) privados.

El IMSS expone en el capítulo XI de su reciente informe al Congreso de la Unión lo que llama el proceso de cambio estructural de servicios integrales. Señala que  están en proceso de diseño, las bases para la contratación de diversos servicios integrales bajo el esquema plurianual de diálisis, hemodiálisis, laboratorio y cirugías de mínima invasión. También revela que el IMSS ensaya el arrendamiento de vehículos administrativos y de ambulancias.

En el mismo sentido, los laboratorios del IMSS están subrogados desde el 2008 y el 22.4 por ciento del total de los casos de hemodiálisis ya están subrogados. Otra forma de privatización usada por el IMSS es la contratación de cuatro hospitales para el periodo 2015-2018 bajo el esquema de Asociación Público-Privada, que es un negocio redondo para los privados y carísimo para el sector público. Es decir, la reforma está orientada a la entrega de recursos públicos para que lleguen a empresas privadas, afectando a los trabajadores del sector salud así como al pueblo en general.

Además  de  la subrogación de servicios básicos, la reforma del sistema de salud favorece la sub-contratación de trabajadores, las violaciones al contrato colectivo de trabajo del IMSS y a las condiciones generales del ISSTE, así como recortes a la planta de personal y pérdida de derechos laborales. En el contexto de una universalidad acotada donde el Estado se escuda en un piso básico de protección social signado por el secretario Alfonso Navarrete Prida con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), reduce prestaciones, pensiones y seguros de desempleo y abandona a su inercia a la Seguridad Social Integral. Por si fuera poco, el gobierno de Peña Nieto ha decidido abrir sus servicios médicos hospitalarios y de Instituciones de Seguros (AMIS).

Por otra parte, en mayo del 2013 se llevó a cabo la 23 Convención Nacional de Aseguradores donde Fernando Solís Soberón (Ex presidente de la Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro, Ex director general de Banorte y Presidente de Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros –AMIS-), entregó a Peña Nieto un listado de 15 propuestas de lucro para la mayor participación del sector privado asegurador en área de pensiones y salud de los trabajadores. Que de ser implementadas, ellas reducirían las tareas del IMSS-ISSSTE casi al mínimo imaginable. El sector privado asegurador bloquearía el crecimiento de los fondos de pensiones y jubilaciones del IMSS y del ISSSTE, al pretender imponer su proyecto de lucro.

Su propuesta es compartir la atención médica o de plano otorgarla al sector privado, así como involucrarse en las prestaciones en especie y en dinero de los seguros de la enfermedad y maternidad, riesgos de trabajo y expedir certificados de incapacidad. Solís sostiene que es deseable crear un sistema único de Seguridad Social, además de evaluar la conveniencia de abrir a la competencia la prestación de los seguros y la atención médica en beneficio de los derechohabientes. El diagnóstico de Solís y la AMIS asume y desarrolla la propuesta de la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD.

Por su parte Mercedes Juan ya como secretaria de Salud y siguiendo a su antecesor, Julio Frenk, manifestó que para consolidar la universalidad de los servicios de salud se tomará como referencia el estudio que realizó FUNSALUD planteando un fondo único de impuestos generales. Lo que ella manifiesta es que una persona pueda elegir dónde quiere atenderse y si se llegara a consolidarse dicha universalidad esto permitiría aumentar la competencia entre los servicios de salud y de esta manera mejoraría la calidad.

La reforma se ha interesado en una prueba piloto para la atención integral de 15 mil diabéticos contratada por el IMSS con la empresa IMS Health. Ésta representa una fracción pequeña de los 2.5 millones de derechohabientes con diabetes bajo control en el Instituto, pero apunta hacia dónde se dirige el IMSS. Las características de IMS Health son reveladoras. Esta empresa dispone de una base de datos gigantesca, que le permite calcular el riesgo o la probabilidad de grupos poblacionales con diversas características de enfermar por distintas causas, presentar complicaciones o morir anticipadamente. Estos cálculos son usados por las aseguradoras para determinar primas diversificadas; y son la base de la inclusión de personas de “bajo riesgo” y la exclusión de las de “alto riesgo”. Lo cual posibilita subrogar los derechohabientes de bajo riesgo y mantener el tratamiento de los de alto riesgo y mayor costo en los servicios del IMSS, una innovadora forma de privatizar ganancias y socializar pérdidas. Abre además la posibilidad el acceso de IMS Health a los expedientes electrónicos del IMSS, que es una mina de oro potencial para las aseguradoras y prestadores privados.

 

 

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