La barbarie del Estado mexicano y la evaluación docente

La aplicación de la evaluación docente se ha convertido en la excusa para la continuidad de una política de exterminio, de barbarie, que justifica el uso de la fuerza militar y policíaca, para reprimir de manera violenta y sanguinaria, golpear, amedrentar, amenazar, asesinar o desaparecer, para ello se han implementado a lo largo del país el despliegue de cuerpos policiacos y la campaña de odio mediático hacia normalistas, docentes y sectores organizados se profundiza.

Entre la interminable lista de actos represivos podemos remontarnos a los hechos del 13 de junio de 2013 (año en que se modifica la Constitución Política con y se introducen los cambios al Art. 3 constitucional) en donde 4 compañeros de la Sección XVII perdieron la vida cuando se manifestaban en contra de la Reforma Educativa, fueron embestidos por una pipa de doble remolque que “perdió el control por una falla mecánica” volcándose a la altura de San Ángel, Zurumucapio de la autopista Siglo XXI; para el 2014, el 26 y 27 de septiembre son desaparecidos 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, además fueron asesinados los estudiantes Daniel Solís Gallardo, Julio Cesar Mondragón Fuentes y Julio César Ramírez Nava, en estos hechos de barbarie quedo demostrada la complicidad del estado mexicano con los grupos de paramilitares; en el presente año 2015 se registró la muerte del profesor Claudio Castillo Peña, el 24 de febrero el magisterio guerrerense realizaba un mitin en el Boulevard de las Naciones, en la Zona Diamante, muy cerca del Aeropuerto de Acapulco, al lugar llegaron elementos antimotines de la Policía Federal a repartir leña, actuaron con tal saña sin importarles que el profesor no podía defenderse dado que dependía de una silla de ruedas para moverse; para el 29 de octubre del mismo año fueron detenidos los profesores Juan Carlos Orozco Matus, Othón Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez y Roberto Abel Jiménez García, todos adheridos a la Sección 22 de Oaxaca de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE), acusados de delitos federales, fueron levantados como criminales con lujo de violencia y posteriormente trasladados al Centro de Readaptación Social Número Uno, Altiplano, en el Estado de México, con un impresionante despliegue militar únicamente comprable con los operativos hecho para trasladar a líderes del narcotráfico; más recientemente el día 8 de diciembre el maestro David Gemayel Ruiz Estudillo perdió la vida cuando policías e integrantes de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se enfrentaron en la carretera Tuxtla Gutiérrez–Ocozocoautla, cuando los maestros realizaban una actividad en contra de la evaluación docente en Chiapas.

En Michoacán el día 20 de noviembre la profesora Alejandra García Alcantar fue detenida en la comunidad de Chamacuero, del municipio de Puruándiro, por elementos de la policía federal; el día lunes 7 de diciembre, estudiantes de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM), fueron reprimidos por elementos antimotines mientras realizaban una actividad de protesta en contra de la reforma educativa y para acceder a un trabajo digno, la saña con que actuaron los elementos estatales se pueden ver en diversas imágenes y videos que circulan en las redes sociales, posterior a la represión fueron llevados a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) un total de 52 compañeros, 22 mujeres y 30 hombres, y después llevados a cárceles federales de Sonora y Morelos.

Está claro que la política de barbarie y de embestida contra los derechos sociales no cesara, y que en su avanzada se pretende terminar con toda resistencia, llámense maestros, normalistas o sectores organizados.

 

 

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