¿PARA QUÉ CONMEMORAR EL 25 DE NOVIEMBRE?

“Los progresos sociales y los cambios de periodos se operan en razón directa del progreso de las mujeres hacia la libertad y las decadencias de orden social se operan en razón del decrecimiento de la libertad de las mujeres… porque aquí, en la relación de hombres y mujeres, del débil y el fuerte, la victoria de la naturaleza humana sobre la brutalidad, es más evidente. El grado de emancipación de la mujer es la medida natural de la emancipación general” (C. Marx y F. Engels, La sagrada familia. 1981, pág. 215).

El grado de desarrollo de una sociedad puede medirse por el grado de desarrollo de las mujeres dentro de ella, y de manera inversa, la gravedad de la crisis que enfrenta una sociedad también se refleja de manera clara en la condición de las mujeres. La situación de violencia por la que atraviesa nuestro país, nos obliga a reflexionar sobre sus causas y hacer un recuento histórico que nos permita entender el porqué, con el objetivo de poner fin a esta problemática.

Es difícil trazar una línea que nos permita separar en un periodo específico de tiempo que marque cuándo y dónde comenzó, pensamos que la  sociedad no funciona así. No hay tiempos de paz que son interrumpidos por esporádicos escenarios de violencia, la violencia es una constante en un sistema que se erige sobre ella, para mantenerse a flote.

Un ejemplo podemos ubicarlo en la guerra contra el crimen organizado que inició Felipe Calderón, como un momento clave para la violencia en nuestro país. Pero limitarnos a ese momento acortaría nuestra memoria histórica, y por lo tanto nuestra capacidad de entender el problema al que nos enfrentamos. Sin embargo, a efectos prácticos, analizaremos las cifras de violencia de las últimas décadas para tratar de dibujar el escenario sobre el que estamos paradas.

México es un país que como muchos erige su sistema democrático sobre la sangre de miles de personas, los discursos hegemónicos difundidos por los medios de comunicación nos impiden muchas veces recordar esto. Y a nuestra falta de memoria se suma el discurso de cada nuevo gobernante para que olvidemos que cada elección e inicio de gobierno representa un ciclo; “un nuevo comienzo” para “vivir bien” y otras frases son ejemplos.

Por ello, es necesario romper con la inercia de los discursos oficiales, recuperar nuestra memoria como pueblo y no olvidar a quienes murieron y siguen muriendo en este país. Particularmente en el marco del 25 de noviembre, día contra la violencia hacia las mujeres, queremos emprender una reflexión en torno a la violencia que se vive en nuestro país y que día a día cobra la vida de mujeres y niñas, al igual que la de muchos varones aunque por causas distintas. Para nosotras el reto es no aislar esta problemática. La violencia desatada por el gobierno afecta a las mujeres en las comunidades, porque somos parte de ellas, somos trabajadoras, somos campesinas, indígenas, estudiantes. La situación de  violencia cobra nuestras vidas porque somos más de la mitad de la población.

Es de gran importancia resaltar que la elección del 25 de noviembre como fecha emblemática, es recordar el asesinato de las Hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), activistas del país de República Dominicana que luchaban por la democratización de su patria y que fueron víctimas de un crimen de Estado. En esa fecha fueron asesinadas a golpes por la policía que no sólo buscaba terminar con la vida de tres mujeres, sino con la moral de todo un movimiento.

Llegar a estos grados extremos de violencia, feminicida, que se expresa en la violación directa de los derechos humanos y que culmina en el homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres, es el  punto más alto de una escalonada de violencia. Podríamos decir que es su cara más cruel.

La violencia puede mostrarse en formas aparentemente inocentes, bromas hirientes, acoso callejero, chantajes, violencia verbal y poco a poco va aumentando su crudeza; violencia psicológica, aislar a la mujer, controlarla, golpearla, el abuso y las mutilaciones sexuales se vuelven cosas tan comunes, hasta llegar al punto del feminicidio.

Es decir, la violencia hacia la mujer no solo se encuentra documentada en la nota roja. Es común encontrarla en nuestra vida diaria; acoso callejero, acoso escolar, acoso laboral, control en el noviazgo, también la encontramos en los “accidentes domésticos” que se usan de pretexto para ocultar la violencia intrafamiliar. De esta forma la violencia que se ejerce contra la mujer puede ser en distintos ámbitos como el familiar, laboral, escolar, en espacios públicos y privados en distintos niveles.

Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2011, señalan que se pueden encontrar  tendencias claramente establecidas; por ejemplo, que la violencia emocional siempre es la de mayor prevalencia seguida de la económica, luego de la física y al final la violencia sexual.

En México 2 de cada 3 mujeres han sufrido violencia de género. Entre 2006 y 2012 los feminicidios  aumentaron 40 por ciento. Según un informe presentado por la ONU Mujeres se declara que en México, durante el periodo de 1985 al 2013 se registraron 44 mil 646 mujeres asesinadas y sólo durante el  2013, 2 mil 502 mujeres fueron asesinadas, lo que representa que en promedio fueron asesinadas 7 mujeres por día. Una encuesta realizada por INEGI en 2011 rebeló que 63 de cada 100 mujeres, a partir de los 15 años ha sufrido cierto tipo de violencia (simbólica, física o sexual) en algún momento de su vida, y 40  de ellas aún se encuentran en una dinámica en las que son violentadas.

En Michoacán las cifras no son más alentadoras, se encuentra en el lugar número 11 a nivel nacional en cuanto a feminicidios. Según cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Michoacán del 2006 al 2013 se registraron 719 casos de mujeres asesinadas, de los cuales solo 7 tuvieron una línea de investigación por feminicidios.

Durante el 2014, la asociación civil “Humanas sin violencia” solicitó la Alerta de Género para Michoacán ante el gobernador interino Salvador Jara, quien afirmó en repetidas ocasiones que los asesinatos de mujeres en el Estado eran sólo casos aislados y que él sugería no hacer  ruido al respecto pues ello podría causar “psicosis” en la población.

El exgobernador manifestó  en repetidas ocasiones que no aceptaría de ninguna manera la alerta de género para Michoacán. No nos extraña, es una práctica de la mayoría de los gobiernos mantenerse omisos ante la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, de un día para otro o mejor dicho de un gobernador a otro, existe un cambio radical en la postura del gobierno en Michoacán.

El nuevo gobernador de nuestro estado, Silvano Aureoles, durante su toma de protesta declaró que solicitaría la Alerta de Género para todos los municipios de Michoacán. Esto nos lleva a preguntarnos ¿por qué Jara decía que no y Silvano dice que si?

Nosotras tenemos algunas ideas para responder esto. Primero, el  exgobernador Salvador Jara se aferró a negar la declaratoria porque de lo contrario haría patente que su gobierno y el de su antecesor, Fausto Vallejo, habían sido incapaces de garantizar la seguridad y vida de las mujeres en el Estado. Para el caso del actual gobernador, es muy fácil decir que sí a la alerta de género, después de todo él no tiene que responder como responsable por el derramamiento de sangre anterior a su mandato -o lo que es lo mismo no carga con ese costo político-. Además, de esa forma también demuestra su “buena voluntad” con las mujeres y los diversos grupos que venían manifestando su descontento e indignación por los numerosos casos de feminicidios.

Sin embargo, nosotras no estamos conformes con la “buena voluntad” del gobernador Silvano ¿por qué habríamos de estarlo si ya hemos visto resultados catastróficos de otras iniciativas por parte del gobierno?. Un ejemplo claro lo tenemos en la “ley por el derecho de las mujeres a vivir una vida  libre de violencia”, que ha sido incapaz de asegurar todas las medidas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres y así evitar que nos asesinen. Prueba de ello es que ni siquiera existe un correcto código de procedimientos penales para su aplicación en nuestro estado.

Por eso afirmamos que la alerta de género en manos del gobierno es sólo una política estéril más. Pensamos que sería muy ingenuo por parte de las mujeres feministas y de la población en general creer que una declaración como ésta, por sí sola y como por arte de magia, logrará erradicar la violencia de género y los feminicidios.

No negamos la necesidad de marcos legales que permitan la visibilización de los problemas más sentidos por la población. Afirmamos que si éstos no se acompañan de la organización y la denuncia de las mujeres, serán un cascarón vacío. Encerrar el descontento en foros y en aulas universitarias nos aísla y nos resta capacidad de organización política masiva.

La simple emisión de la alerta de género no puede ser la solución absoluta. Creemos que en términos políticos el aplaudir con el entusiasmo que se escucha por estos días la iniciativa por parte del gobierno del Estado, más que sumar a la disminución de la violencia hacia las mujeres, se está restando fuerza al movimiento feminista y a una de sus consignas más fuertes: ¡Ni una muerta más!

Exigimos, que ya sea en la alerta de género o fuera de ella, se implementen los mecanismos necesarios para castigar a los culpables de los asesinatos de mujeres en Michoacán. Que se castigue a los autores materiales e intelectuales de los feminicidios, a todo aquel que ejerza  cualquier tipo de violencia hacia las mujeres. Que igualmente se castigue a los funcionarios omisos ante los casos de violencia y feminicidios; que en la práctica han promovido un clima de impunidad a los asesinos que le da el carácter de crimen de Estado a los feminicidios.

Es importante aclarar que en México la militarización de las comunidades no es la solución a la violencia. Existen diversos casos documentados donde se prueba que miembros del ejército y policías son responsables de secuestros, desapariciones, abusos sexuales y torturas contra mujeres, como parte de una política de terror contra la población en general y contra  de las mujeres en particular.

Muestra de ello es el caso de las 47 mujeres que en mayo del 2006, en Atenco, denunciaron abusos sexuales por parte de la policía; de las cuales 26 de ellas denunciaron violación. En Michoacán los días 2 y 3 de mayo de 2007, militares que buscaban repeler la agresión de un grupo armado ocurrida el 1 de mayo, torturaron en Huetamo, Carácuaro y Nocupétaro, a 36 personas durante varios días; entre ellas había cuatro jovencitas menores de edad que fueron violadas en un helicóptero donde se les amenazó con arrojarlas al mar. Sólo por citar algunos ejemplos.

Ahora más que nunca es necesario que las mujeres nos organicemos para exigir se nos garantice la vida y la seguridad. Manteniendo una constante vigilancia de los funcionarios en el cumplimiento de sus cargos públicos y de los procedimientos que llevan a cabo en materia de seguridad. Y en conjunto con el resto de las organizaciones populares que luchan por la defensa de los derechos democráticos en México, crear conciencia sobre la violencia feminicida como un problema social y que, como tal, es necesario que la sociedad en general salga a las calles a rechazar cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Es urgente exigir justicia para los casos de mujeres asesinadas en el país y en nuestro estado, los cuales hasta la fecha no han sido resueltos.

Cuando un pueblo ve como normal la violencia contra las mujeres, es signo de una ceguera crónica, de una normalización de la violencia y de una profunda indiferencia ante el dolor de cientos de familias que aún lloran las muertes de sus hijas, la indiferencia ante miles de mujeres que son violentadas día a día dentro de sus hogares, centros de estudio o centros de trabajo, espacios que deberían representarles seguridad.

Por todo lo anterior llamamos a la memoria, indignación y la protesta por casos como el de Mallinali Saucedo, joven de 17 años, originaria de Puerechucho, municipio de Huetamo, y que era alumna de la preparatoria No. 2 “Pascual Ortiz Rubio” perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Quien fue asesinada en mayo del 2014 y su caso, al igual que muchas otras más, aún no se ha resuelto ante el clima de impunidad y negligencia que ha imperado en torno al tema.

Hacemos un llamado a las organizaciones feministas, a la comunidad universitaria, a  hombres y mujeres de la población en general a salir a las calles a hacer patente que el 25 de noviembre no consiste en poner grandes listones morados o naranjas en las oficinas o pequeños moños en las solapas de políticos, sino que representa una fecha de lucha.

Demandamos un alto total a la violencia hacia las mujeres, justicia en los casos de feminicidios y castigo a los responsables. Exigimos:

  1. Se implementen mecanismos que aseguren el juicio y castigo a los culpables de violencia y asesinatos de mujeres. Independientemente de que se traten de miembros de la policía o del  ejército, de familiares de la víctima o de importantes funcionarios.
  2. Se garantice la vida y seguridad de las mujeres. Que en verdad se cumplan aquellas palabras que hoy en día parecen muertas: nadie por encima de la ley.

¡Justicia para Malli!

¡Justicia para todas las mujeres víctimas de violencia!

¡Ni una muerta más!

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