La Gendarmería y la Policía Militar llegan a Michoacán

El pasado 18 de octubre comenzaron arribar a Michoacán alrededor de 5 mil elementos integrados por tropas del Ejército, la Marina, la Policía Militar, más refuerzos de la Policía Federal y la recién formada división de la Gendarmería. El envío fue anunciado por el gobernador Silvano López, como un apoyo por parte del gobierno federal para “solucionar” el problema de la inseguridad en el estado.

Si bien en septiembre de 2014 ya habían sido traídos elementos de la nueva Gendarmería a Michoacán para vigilar la región de Tierra Caliente, por primera vez la Policía Militar y los Gendarmes son enviados a cumplir las tareas que corresponden a la policía municipal, diseñando una serie de operativos en algunas de las principales ciudades de Michoacán: Morelia, Uruapan, Zamora, Zitácuaro, La Piedad y Sahuayo.

¿Qué son y quiénes integran a la Gendarmería y a la Policía Militar? Inicialmente, la Gendarmería fue anunciada por Peña Nieto como un cuerpo de policía integrado por militares y marinos, cuya función principal sería garantizar “la prosperidad de la población, protegiendo las fuentes de ingresos, las cadenas productivas y los bienes de la gente” y combatir a la “delincuencia organizada”. Entre 2013 y 2014, la Gendarmería reclutó a un total de cinco mil civiles formados con entrenamiento militar por instructores de tropas de élite de Estados Unidos, España e Italia. Constituye la 7ª División de la Policía Federal, como parte de lo que el gobierno ha denominado proyecto de “seguridad ciudadana” para referir a una serie de acciones de “proximidad social” mediante programas coordinados con la población. Otra de sus características es que las tropas de la Gendarmería son “móviles”, es decir, cuentan con cuarteles desmontables que pueden trasladar a las zonas de “focos rojos” donde así sean requeridos. Cabe precisar que a Morelia arribaron un total de 300 elementos para encargarse de las funciones de policía de la ciudad, iniciando con la aplicación del operativo “Lluvia de estrellas” para buscar drogas en bares y aplicar el programa de alcoholímetro a conductores.

En cuanto a la Policía Militar, se trata de un cuerpo especial que depende directamente del Ejército. De acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Militar tiene como asignaciones “aplicar reglamentos de tránsito, aplicar las leyes y reglamentos militares” para los elementos que integran al Ejército, no a la población civil; así como también otra de sus facultades es participar en el “control de multitudes”. Sin embargo, en ningún lugar se especifica que tenga como tarea la de desempeñar funciones de policía municipal y vigilancia de faltas administrativas. Alrededor de un total de 500 elementos de tropa de la Policía Militar han sido distribuidos en todo el estado, 150 de ellos en Morelia para patrullar junto con la policía, y el resto enviados particularmente a los municipios donde las denominadas Fuerzas Rurales “legítimas” y guardias comunitarias tienen presencia: Aquila, Chinicuila y Coahuayana. Cabe mencionar que las guardias comunitarias de dichos municipios estaban coordinadas por el comunero nahua de Ostula, comandante Cemeí Verdía, detenido el 15 de julio de este año mediante un operativo en el cual el Ejército asesinó al niño Hidilberto Reyes García de 12 años y dejó herida de gravedad a la niña de 6 años Natali Pineda  Reyes junto con otros cinco hombres más.

¿Cuáles son las consecuencias de todo ese despliegue militar? Son dos principales problemas los que se desprenden: a) la centralización del comando de todas las policías (municipal, auxiliar, estatal, federal, antimotines, operaciones especiales, ministeriales, bomberos) y elementos del Ejército y la Marina en manos de un reducido y poco visible grupo de militares (mando único); b) la militarización del país y la persistencia intacta del crimen organizado.

En cuanto a la cuestión del “Mando Único” es preciso mencionar que si bien pueden existir algunos roces o asperezas entre todos los tipos de corporaciones policías, militares y marinos, en el caso de Michoacán de un total de 113 municipios solamente Cherán y Yurécuaro se han opuesto a suscribirlo argumentando que es la propia Policía Federal, el procurador del estado José Martín Castro Godoy y el Ejército quienes protegen a los miembros del crimen organizado. Ambos municipios se han manifestado en contra de someter su policía municipal a quien encabece dicho mando, función que por ahora ocupa el general de división Pedro Felipe Gurrola Ramírez, designado como mando especial para la seguridad en Michoacán.

Respecto a la militarización del país, nos referimos al hecho de que la policía está siendo constituida por elementos que tienen una formación militar, pero sobre todo al hecho de que el Ejército y la Marina, cuyas funciones son la defensa nacional, están siendo empleadas particularmente para tareas de “control de población” y disolución de protestas. Un ejemplo de ello tuvo lugar en el marco de la realización de las elecciones para gobernador y diputados en varios estados del país en julio de este año, cuando la Marina y el Ejército portando su equipo y “material de guerra”  fueron movilizados para dispersar las manifestaciones de maestros, campesinos, estudiantes que protestaban en contra del proceso electoral caracterizado por la corrupción de los partidos políticos que defienden los intereses de los grandes empresarios y narcotraficantes nacionales y extranjeros. En ese contexto, el Ejército asesinó al estudiante Antonio Vivar Díaz en el pueblo de Tlapa, Guerrero.

Finalmente, el hecho de que la Gendarmería y la Policía Militar hayan sido enviadas a Michoacán, tan sólo es síntoma de un problema nacional. Pues a la par que el Ejército y la Marina se reparten la vigilancia de las principales zonas estratégicas con mayores recursos económicos para explotar, con la militarización de las distintas policías (municipal, estatal y federal), generales y coroneles del Ejército están al frente de los mandos únicos y secretarías de seguridad pública; y simultáneamente, de manera impune el crimen organizado sigue secuestrando, matando, extorsionando, comercializando con drogas y armas en prácticamente todo el país. A río revuelto ganancia de pescadores, reza el dicho popular; sólo que el “pescador” sigue siendo el mismo: la clase social que vive de explotar el trabajo del pueblo.

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