¿Cerrar las escuelas normales públicas?

“Ante los hechos delictivos que realizan de manera permanente los normalistas en Michoacán, el sector industrial en el estado se pronunció por el cierre total de las escuelas normales en la entidad y en el país, ya que consideran las afectaciones mayores a los beneficios y resultaría de mayor conveniencia becar en escuelas privadas a aquellos estudiantes que lo merezcan.”

Esta noticia salió hace apenas unos días, después de que el presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC), Rogelio Guízar Pérez, indicara que “los empresarios están en la espera de que se aplique la Ley y se haga valer el Estado de Derecho, por el bienestar de todos los ciudadanos de Michoacán”.

¿Qué hay detrás de esta pronunciación?, ¿qué significaría el cierre de las escuelas normales públicas? y ¿por qué es precisamente a los empresarios a los que les interesa que se “aplique la ley” en este caso?

Primero, esto demuestra que el cierre de las escuelas normales sólo busca privatizar aún más la educación. Si cada vez se cierran más y más escuelas públicas y se concentra la educación en instituciones privadas es innegable pensar que únicamente los jóvenes que puedan pagar su educación podrán continuar estudiando. Esto significaría entonces quitarnos un derecho constitucional.

Segundo, los jóvenes que ingresan a las escuelas normales han demostrado la capacidad de luchar y proteger la educación pública, pues son precisamente estas escuelas donde se forman los maestros que darán clases en las escuelas públicas a los sectores populares y han jugado un papel fundamental en la formación de miles de estudiantes.

Tercero, los empresarios continúan buscando sus propios intereses y beneficios aun cuando esto signifique dejar sin escuelas y educación a gran cantidad de jóvenes.

En el Cuarto, la educación, un derecho constitucional de todos, es cada vez más controlada por el Estado y las instituciones privada y responderá cada vez más a los intereses de los más ricos haciendo que los alumnos puedan ser mayormente explotados al salir.

Quinto, se considera “hechos delictivos” defender los derechos incuestionables del pueblo y exigir mejores condiciones de vida pero no se consideran “hechos delictivos”, ni se cuestionan, las injusticias sociales cometidas por los más poderosos contra la población como dejar sin educación y salud a millones así como la pobreza de la mayoría y la riqueza de la minoría.

No podemos creer que esta petición sea por el bienestar de los michoacanos, ¿dónde están nuestros beneficios?, ¿dónde quedan nuestros derechos? Nos damos cuenta que cada una de las decisiones que se toman “desde arriba” son en beneficio único de “los de arriba”, que cada vez los más desprotegidos, la mayoría, terminan estando más desamparados y con menos derechos.

Esta pronunciación sólo puede ser entendida en un contexto donde se quiere privatizar todo. No lo permitamos más. ¡Defendamos nuestros derechos!

 

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