El Ejército ataca al pueblo y protege a los poderosos

El domingo 19 de julio, el Ejército Mexicano abrió fuego contra la comunidad indígena de Ostula en la costa michoacana, asesinando al niño Hidilberto Reyes García de 12años y dejando herida de gravedad a la niña de 6 años Natali Pineda  Reyes junto con otros cinco hombres más. ¿El motivo? Dispersar a una concentración pacífica de comuneros, que protestaban por la detención del Comandante de la Guardia Comunal de Ostula, también Coordinador General de las Autodefensas de Aquila, Chinicuila y Coahuayana, Semeí Verdía Zepeda. Recordemos algunas cosas importantes sobre Ostula.

¿Quiénes son los comuneros de Ostula y por qué se organizaron?

La comunidad indígena de Ostula se encuentra en el municipio costero de Aquila, Michoacán. La comunidad está integrada por una tenencia o cabecera (Santa María Ostula) y 22 encargaturas o poblados dependientes. La comunidad está organizada mediante una Asamblea General, integrada por todos los comuneros mayores de edad, que suman alrededor de dos mil personas. A través de la Asamblea, la comunidad  designa a sus autoridades civiles y agrarias.

En el año de 2009, tras décadas de litigio el Tribunal Agrario para la recuperación de un predio 1 mil 300 hectáreas, invadido por pequeños propietarios ahora vinculados con el crimen organizado. Ante la indiferencia de las instituciones de justicia, los comuneros decidieron recuperar sus tierras por su propia cuenta. En respuesta, el crimen organizado atacó a la gente, lo que dio pio para que la comunidad organizara su propia Policía Comunitaria ante la indiferencia de todos los niveles de gobierno. El siguiente paso fue fundar el poblado de Xayakalan.

En ese contexto, los comuneros publicaron el Manifiesto por el derecho a la autodefensa, donde que exponen: “Que de frente a la guerra de exterminio neoliberal, nuestros pueblos, tribus o naciones, así como las comunidades que los integran tienen el inalienable derecho, derivado del artículo 39 constitucional, para organizarse y realizar la defensa de su vida, de su seguridad, de sus libertades y derechos fundamentales y de su cultura y territorios”. Ostula también participó en la primera caravana del Movimiento por La Paz, organizado por el poeta Javier Sicilia debido al hartazgo de la constante violencia.

Desde entonces, el crimen organizado y la indiferencia del Ejército y la Policía han dejado un total de 32 autoridades indígenas asesinadas y 6 comuneros desaparecidos.

¿Quiénes han agredido a la comunidad de Ostula y cuáles son sus intereses?

Ostula está asolada por la alianza del cártel de los “Caballeros templarios”, supuestos pequeños propietarios y empresarios mineros de la compañía extranjera Ternium, que han tratado de despojar a los indígenas de sus tierras, sus recursos naturales (minas de hierro) y su madera. Las características de su geografía, facilita que el municipio de Aquila pueda ser una base de operaciones para el traslado de drogas y armas; además, el gobierno pretende construir hoteles y fraccionamientos residenciales sin consultar a las comunidades pretendiendo abrir el negocio a otros.

Por otra parte, la Marina Armada de México, a través de la X Zona Naval Militar con sede en el puerto de Lázaro Cárdenas, ha anunciado la construcción de tres cuarteles en la costa nahua: en Maruata, La Placita y La Tupitina; además, se construirán dos aeropistas: una en Caleta de Campos y otra en Maruata. Cabe recordar que desde 2009, año en que surgió el primer grupo de la Policía Comunitaria, tanto la Marina como el Ejército han intentado desarmar a los guardias comunitarios en repetidas ocasiones; dejándolos así indefensos ante los sicarios del crimen organizado y de los pequeños propietarios que les disputan el control de su territorio.

En cuanto a la explotación de los recursos naturales, particularmente de las minas de hierro, hasta antes de que surgieran las autodefensas, en Aquila los comuneros no eran atendidos en sus demandas de cuidado al ambiente o pago de regalías por extracción de hierro. Al mismo tiempo que los sicarios de los “Caballeros Templario”, presuntamente, funcionaban como guardias de la compañía minera Ternium.

Tras el alzamiento armado, el grupo de autodefensas de Semeí Verdía, en respaldo a los comuneros liderados por los hermanos Agustín y Efraín Villanueva Ramírez del pueblo de Aquila, obligaron a Ternium a dejar de lado los acuerdos de compra de hierro al crimen organizado, y respetar el pago de regalías a los comuneros cuyas tierras fueron enajenadas para la extracción de hierro por esa minera.

Después, Ternium gestionó órdenes de aprehensión contra Agustín y Efraín Villanueva. Los dos hermanos fueron apresados y condenados una sentencia de 40 años de prisión por los delitos de secuestro y extorsión. Mientras que Semeí Verdía fue engañado por el gobierno estatal, para ser detenido por el Ejército y enviado inmediatamente a un penal de alta seguridad en Nayarit.

¿Por qué el asesinato del niño Hidilberto Reyes a manos del Ejército Mexicano no es un hecho aislado o un accidente?

Aunque declaraciones de militares y políticos tratan de “lavar” la imagen del Ejército, los distintos testimonios, videos y fotografías demuestran que el Ejército abrió fuego contra la población. Pero esto no es nuevo en la historia de México, y más aún, en los últimos meses el Ejército está siendo empleado con funciones “policíacas” no para perseguir delincuentes, sino para enfrentar a la población civil que hoy se está atreviendo a organizarse para defender su derecho a la vida, al trabajo digno y a una verdadera democracia.

Así como el déspota y viejo PRI empleó al Ejército Mexicano y grupos paramilitares para despedazar al movimiento estudiantil, al movimiento campesino y a la oposición política de izquierda, a lo largo de las décadas de 1960 y 1970, a partir del año 2006 el Estado ha empleado a los militares (Policía Federal, Ejército, Marina, Policía Militar, Gendarmería) para desmovilizar todo ejemplo de resistencia popular y de organización que defienda los derechos del pueblo trabajador o se resista al despojo por parte de los grandes empresarios legales e ilegales.

En el año de 2006 un operativo dirigido por el Almirante Wilfrido Robledo en contra del pueblo de San Salvador Atenco, dejó como resultado decenas de detenidos brutalmente golpeados y los asesinatos del niño Javier Cortés Santiago y el estudiante Alexis Benhumea, ambos a manos de la policía. En el mismo año, el pueblo trabajador organizado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca,fue brutalmente reprimido por grupos paramilitares y maniobras de la Policía Federal que dejaron un total de 25 oaxaqueños asesinados por exigir democracia y la renuncia de uno de los más brutales “botones de muestra” de la corrupción y cacicazgo, el entonces gobernador Ulises Ruiz. En el año de 2008 los dignos maestros del estado de Morelos, quienes se manifestaban en contra de la denominada Alianza por la Calidad Educativa (pacto entre el gobierno federal, las cúpulas empresariales y el sindicato oficial de maestros) fueron golpeados por la Policía Federal, torturando incluso a varios profesores. En diciembre de 2011, una manifestación pacífica de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que pedía una audiencia con el gobernador de Guerrero, fue violentamente desalojada, resultando asesinados por policías ministeriales a sangre fría y por la espalda los jóvenes Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera. En Michoacán, en el año de 2012 estudiantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha fueron violentamente desalojados por un operativo policiaco en el mes de abril, y pocos meses después la Policía Federal intervino la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga en Tiripetío, destruyendo parte de las instalaciones y deteniendo a decenas de jóvenes. Enabril de 2013 un grupo de jornaleros agrícolas cortadores de limón asistieron a un acto cívico en el pueblo de Cuatro Caminos, Michoacán, para pedir garantías para poder trabajar en paz, pero a pesar de ser “escoltados” por la Policía Federal, los trabajadores fueron masacrados por narcoparamilitares dejando un total de 14 hombres y mujeres muertos. En enero de 2014 el Ejército incursionó en el pueblo de Antunez,  Michoacán, abriendo fuego indiscriminado contra la población civil dejando a una persona muerta; el motivo de la intervención era buscar civiles armados relacionados con los grupos de autodefensa.  El 26 de septiembre de 2014 en el pueblo de Iguala, Guerrero, 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa fueron detenidos-desaparecidos por elementos de la policía ligados con grupos narcoparamilitares y con la complicidad (¿sólo por omisión?) del Ejército.

En el mes de mayo de este año, jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín en Baja California Sur, iniciaron un ciclo de protestas exigiendo derechos laborales mínimos que la Constitución garantiza para cualquier mexicano, tales como el tener derecho a estar inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y un pago mínimo de 200 pesos por jornada de trabajo. Los dueños de las compañías agrícolas se han negado a atender las legítimas demandas de los jornaleros; en respuesta, el gobierno de Baja California organizó un operativo policiaco que intervino las colonias donde habitan las familias de trabajadores dejando un total de 70 heridos, 7 de ellos de gravedad.

En el marco de la realización de las elecciones para gobernador y diputados en varios estados del país en junio de este año, la Marina y el Ejército portando su equipo y “material de guerra”  fueron movilizados para dispersar las manifestaciones de maestros, campesinos, estudiantes que protestaban en contra del proceso electoral caracterizado por la corrupción de los partidos electorales que defienden los intereses de los grandes empresarios y narcotraficantes nacionales y extranjeros. En ese contexto, el Ejército asesinó al estudiante Antonio Vivar Díaz en el pueblo de Tlapa, Guerrero.

Y ahora recientemente a partir del mes de julio, los maestros dignos de Oaxaca vuelven a ser el blanco del Ejército y también de la Gendarmería. Es decir, los militares están listos para cumplir con la “función policiaca” de defender los deseos e intereses particulares tanto del Estado como de los empresarios organizados en la asociación Mexicanos Primero, el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Cámara Nacional de Comercio, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles y el Consejo Mexicano de Negocios.

En todos esos casos, los militares y policías, responsables intelectuales y materiales de las agresiones han permanecido impunes de las agresiones contra el pueblo trabajador. Estos sólo son algunos de los ejemplos del papel que están jugando las instituciones (Ejército, Marina, policía, Poder Judicial) del Estado mexicano: por una parte defiende los intereses de los grandes empresarios que están haciendo millonarios negocios con el tráfico de drogas, armas, prostitución, finanzas bancarias, con la privatización de la educación pública, el saqueo de recursos naturales y la explotación de los trabajadores; por otra parte, la cárcel, represión, tortura y muerte para quienes defienden el derecho a vivir en paz, a tener un trabajo y vidas dignas.

Por todo lo anterior, consideramos que hoy la tarea fundamental es mantener de forma ascendente la movilización y la indignación popular, no ahogarla en el aislamiento y con ello dejar que muera por inanición. Es por ello que el objetivo central de la táctica, su contenido más esencial, es continuar con toda una campaña de deslegitimación y señalamiento del Estado como el responsable directo de la violencia contra el pueblo trabajador; además de mostrar la quiebra de su régimen político por su carácter criminal,  terrorista y empresarial. Desplegar una ardua campaña de propaganda garantiza sumar nuevas fuerzas a las movilizaciones y nuevos bríos a las acciones.

Por ello mismo, no podemos permitir que quienes han demostrado por años tener determinación para organizarse y defender los derechos mínimos de cualquier persona; luchando para que todos los maestros, trabajadores, estudiantes y campesinos organicen democráticamente sus filas, sus fuerzas y su participación en el estado para garantizar el “derecho a tener derechos”.

Para mantener las fuerzas, se requiere que la táctica no canse las fuerzas en golpes aislados. Es necesario coordinar grandes acciones de masas que golpeen fuerte y al unísono al Estado. Es por ello que en la actual coyuntura es necesario construir una coordinación centralizada de las acciones políticas, que tenga como tarea, por una lado coordinar las tareas de agitación y propaganda con las consignas tácticas centrales; y segundo, la convocatoria de acciones de masas a nivel nacional y regional, de forma dislocada que permitan la multitudinaria acciones y participación de las masas populares.

Exigimos justicia para el niño Hidilberto Reyes García asesinado por el Ejército Mexicano

Respeto y otorgamiento de garantías para el funcionamiento de la Policía Comunitaria de la comunidad indígena de Santa María Ostula

Organicémonos por el derecho a una vida digna, paz y en defensa de nuestros derechos como trabajadores

Alto al terrorismo de Estado

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