La universidad en disputa: ¿educación pública o empresa neoliberal?

Lucio Chávez.-

       14 de diciembre de 2017. La supuesta crisis que atraviesa la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), al igual que las universidades del Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Tabasco y Zacatecas, aparece mediáticamente como un problema intrínseco a su funcionamiento, derivado de los “excesivos” derechos laborales de sus trabajadores, particularmente del sistema de jubilaciones y pensiones, o de los malos manejos financieros de sus rectorías. Sin embargo, aunque no dudamos de que existen las administraciones con altos índices de corrupción, lo que se encuentra en el fondo del conflicto es la disputa por el tipo y modelo de universidad.

Las crisis financieras a las que premeditadamente se han arrojado a las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), son el resultado de una clara embestida contra su carácter, principios y vocación; ofensiva que pretende imponer por medio del chantaje, el miedo y la incertidumbre un modelo empresarial de universidad.

Antecedentes

El inicio de esta guerra, como bien lo caracteriza David Pavón, lo podemos ubicar con la promulgación del Programa Nacional para la Modernización Educativa 1990-1994, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de enero de 1990. En su apartado 7.2 Características de la Modernización de la Educación Superior, ya se expone cada una de las ideas base que sustentarán el modelo empresarial de universidad.

El Programa, presenta como criterios regulatorios de la vida de las universidades, principios importados de la administración empresarial. Las ideas que son el eje principal de este documento son: la necesidad de “formar recursos humanos… con características flexibles…formación multidisciplinaria y una actitud emprendedora”; o que se debe de “contar con mecanismos idóneos de planeación que permitan diversificar sus ingresos y reordenar su funcionamiento interno”; y que “el acelerado crecimiento de la matrícula ha redundado en un deterioro de la calidad de la educación”.

El Programa solo fue la cabeza de playa. Bajo la tónica de la modernización educativa, el entonces Secretario de Educación Pública del salinismo, Manuel Bartlett, invitó al International Council for Educational Development, para evaluar la educación superior en México. Dentro de las valoraciones del Council, se encontraba que las universidades tenían demasiada autonomía pese que el gobierno contribuye con la mayor parte de sus ingresos, criticó la libertad de cátedra y crítica, además recomendó al mercado como la medida de la calidad de la educación. La conclusión general del Council fue que el aumento de la cantidad de estudiantes universitarios erosionaba la calidad educativa (Casanova, 2001: 37-40).

En la misma sintonía, los entonces funcionarios de la SEP,  Luis Eugenio Todd y Antonio García Huguet, en su libro Visión de la Universidad Mexicana, consideraban que bajo el nuevo paradigma de modernización educativa promovido a nivel internacional: a) que el subsidio público a las universidades es insostenible para el país; b) que es necesario acabar con la gratuidad de la educación; c) que es necesario bajar el subsidio económico gubernamental a las universidades para que éstas sean verdaderamente autónomas; d) que se debe  de dejar de tener miedo a incrementar las colegiaturas; e) que es necesario bajar gradualmente la matrícula de la educación media superior para evitar la carga administrativa demandada de ella. Los ex funcionarios proponían considerar un proyecto reformando la constitución para que explícitamente señale que: a) se reconozca la imposibilidad de cumplir con la obligación constitucional vigente de la enseñanza gratuita, b) se legisle de una manera con lo posible y lo deseable, c) se defina el derecho a la autonomía con las características necesarias para la modernización propuesta (Casanova, 2001: 40).

Las exigencias internacionales a las que Todd y Huguet hacían referencia, eran las tesis impulsadas por la CEPAL y la UNESCO, instituciones que en 1992 publicaron el documento,  Educación y conocimiento: ejes de la transformación productiva con equidad, en el cual se expone la función de las universidades de América Latina como espacios para incrementar la ccompetitividad de las naciones, introducir el cambio tecnológico y formar recursos y capital humanos (CEPAL-UNESCO 1992).

Finalmente, después de una década de torpedear a las IPES con ideas empresariales y presiones gubernamentales, las políticas contrarias al carácter público de la universidad se formalizaron en el año 2000, cuando la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) firmó el documento: La Educación Superior hacia el Siglo XXI: Líneas estratégicas de desarrollo,  en el cual abiertamente se establece: a) la disminución de la participación del Estado en el rubro educativo y con ello reducir el financiamiento a las instituciones públicas; b) la participación directa del sector educativo privado y de los empresarios nacionales y extranjeros; c) la reorientación “empresarial” del proceso educativo superior en las universidades públicas (Aboites 2003).

Tras más de 20 años de la guerra contra la universidad pública, el país es testigo de su deterioro, expresado en la disminución del peso proporcional de la cobertura matricular de IES pública, lo cual, y por el contrario ha beneficiado a la escuela privada.

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP

La consolidación del modelo neoliberal de universidad

Después de más de dos décadas de insistir en contrareformar el sentido de la universidad pública, las políticas educativas lograron instaurar un modelo de universidad que dista radicalmente del objetivo social con el cual fueron creadas las IPES. Este nuevo modelo se caracteriza por seis políticas de corte netamente neoliberal, veamos:

  1. El desfinanciamiento de la educación pública como parte de una política económica de reducción del gasto social, cuyo argumento central es el de controlar el “déficit público”, pero que en realidad implica que el Estado evada su responsabilidad de garantizar la educación pública para promover el autofinanciamiento de las instituciones educativas, además de crear espacios en el mercado de la educación para las instituciones privadas,
  2. La generación de un mercado de la educación y la mercantilización de los sub-servicios educativos, y con ello el surgimiento de toda una “industria” de la educación que van desde la expansión de la oferta de escuelas privadas, hasta la venta  de procesos de evaluación o equipamiento.
  3. La generación de mecanismos de exclusión masiva dirigidos a los hijos de los trabajadores y con ello, la elitización de las instituciones de educación superior.
  4. La tecnocratización de los planes y programas de estudio, que consiste en la formación de los cuadros técnicos “emprendedores” que requiere el mercado y no la sociedad, a costa de achatar o eliminar el conocimiento científico y la cultura universal de las currículas, fundamentalmente a partir de la implementación del modelo educativo basado en competencias laborales.
  5. La flexibilización laboral, que implica el surgimiento de todo un destacamento de profesores del sistema de educación pública en todos los niveles y trabajadores administrativos con contratos por hora o temporales y sin certidumbre laboral, además de la creación de todo un ejército de profesores del sistema educativo privado, sin ninguna estabilidad laboral o derechos y con salarios que pueden descender hasta los 70 pesos por hora.
  6. Un complemento fundamental del modelo neoliberal de educación es que fomenta la heterogeneidad del profesorado del sistema público de educación por medio de la profesionalización y estímulos individuales a la “productividad” académica, lo que permiten la fragmentación organizativa y sindical. Además de la despolitización y la pérdida de la memoria histórica de los estudiantes y creación de todo un arsenal de instituciones, reglamentos y medidas coercitivas que controlan “administrativamente” a los profesores y alumnos. Estas medidas políticas permiten la creación de profesores y estudiantes dóciles y manipulables.

Estos son los pilares del modelo neoliberal de educación, el cual se aplica en distintos grados y niveles en todas las modalidades y tipos de educación del Sistema Educativo Nacional.  Este modelo también se aplicó en la Universidad Michoacana y con ello generó las condiciones para que aparezcan, además de la actual crisis, todo un conjunto de contradicciones en su seno.

La Universidad Michoacana

Sobre el desfinanciamiento de la UMSNH, es bien conocido que inició el presente año con una reducción de 391 millones de pesos en su presupuesto, pero estos recortes sistemáticos no solo son absolutos, también son relativos. El presupuesto asignado por estudiante nicolaita contrasta fuertemente con el promedio asignado por estudiante de educación superior a nivel nacional o de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eduardo Nava estima que el gasto promedio asciende a los 55 mil pesos, en la UNAM a 61 mil, mientras que en la Universidad Michoacana es de 45 mil pesos. El problema del bajo financiamiento no es nuevo, ya en el 2008 la ex rectora de la UMSNH, Silvia Figueroa Zamudio, afirmaba, en una entrevista para el diario local La Jornada Michoacán, que desde 1993 las partidas presupuestales a la universidad no han superado el 4 por ciento, cuando la Casa de Hidalgo ha crecido en matricula en un 8 por ciento anualmente.

En lo que respecta a la exclusión educativa, la Universidad Michoacana aplicó hasta el ciclo 2016-2017, los exámenes nacionales de ingreso a educación media superior (EXANI-1) y superior (EXANI-2), o el EXCOBA. Pese a los conflictos que han generado a nivel nacional dichos exámenes, las autoridades universitarias los han justificado señalando que son condición para la acreditación de los diferentes programas, que a su vez es requisito para la obtención de recursos económicos. Es por ello que el Secretario General de la Universidad, Salvador García Espinosa, al iniciar el ciclo 2016-2017, señaló que las acreditaciones son determinantes en la definición de la política de ingreso, ya que al contar con una certificación  ISO 9000 que avale la calidad del proceso de ingreso, se puede acceder a bolsas de recursos extraordinarios ofertados por distintas instancias gubernamentales. Por su parte, en diversos espacios, a principios del mismos ciclo, Medardo Serna reconoció que los fondos y recursos económicos a los que puede acceder la UMSNH dependen de los indicadores relacionados con las valoraciones de los organismos acreditadores y evaluadores como el CENEVAL, quien en los ciclos antes del 2017-2018, fue el organismo responsable de elaborar los  exámenes de ingreso a la Casa de Hidalgo.

Los exámenes estandarizados sólo son filtros para el ingreso a la universidad, pues más que medir la “idoneidad” de los aspirantes, alejan a miles de jóvenes de las aulas universitarias, ya que en realidad son antipedagógicos. Está demostrado, por los estudios de Hugo Aboites, que, dichos exámenes discriminan a los jóvenes de origen indígena, personas provenientes de condiciones socioeconómicas marginadas y a las mujeres ¿Cómo es posible evaluar con un mismo examen estandarizado de 120 preguntas a estudiantes cuya educación secundaria fue cursada en por lo menos cinco subsistemas de educación diferente (técnica, federal, telesecundaria, INEA o secundaria agropecuaria)? ¿Cómo aplicar un examen estandarizado de admisión para educación superior en la UMSNH cuando existen por lo menos cinco sub-sistemas diferentes de bachilleratos públicos en el estado de Michoacán, tales como el Colegio de Bachilleres, el sistema de DGTI –CETIS, CBTis, CBTA, DGTA-, CONALEP, bachillerato universitario, además de sistemas semiescolarizados o abiertos dirigidos a jóvenes que en su mayoría trabajan, en los cuales se forman alumnos con diferentes perfiles?

Tal como lo muestra el cuadro 1 y la gráfica 2, mientras la exclusión de las aulas universitarias se intensifica, los niveles de matriculación de nuevo ingreso para bachillerato y licenciatura se han estacando o han disminuido.

ASPIRANTES RECHAZADOS EN LA UMSNH

2010-2016

ASPIRANTES LICENCIATURA MATRICULADOS RECHAZADOS
2010 14,000 11274 2,726
2011 15000 11676 3,324
2012 14835 10369 4,466
2013 13101 9169 3,932
2014 10664 9107 1,557
2015 13023 10295 2,728
2016 16135 10235 5,900
Fuente: elaboración propia con información de Cambio de Michoacán y la Gaceta Universitaria UMSNH

La reducción de la matrícula universitaria se concreta, pese a que el 13 de mayo de 2016, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, declaró que en la entidad se tiene un 24 por ciento en cobertura de educación superior, lo que significa que está por debajo de la media nacional que es de 37 por ciento para la zona occidente.

Fuente: Elaboración propia con datos http://www.informacionpublica.umich.mx/

Al respecto de la contratación de servicios de evaluación, se ha dicho que son necesarios para acceder a bolsas de financiamiento, y pese a que más del 90 por ciento de los programas de estudios de la universidad están acreditados, la situación financiera de la Universidad no ha mejorado, por el contrario, cada día es más precaria. No obstante, las facultades siguen pagando a las empresas acreditadoras entre 100 mil a 200 mil pesos por los procesos de acreditación. Tan solo en el ciclo 2016-2017, la UMSNH pagó un total de 4.5 millones de pesos por la realización del examen CENEVAL, lo que demuestra que lo único que mejoran los procesos de acreditación y evaluación son los negocios de las asociaciones civiles que ofertan estos servicios.

La tecnocratización de los planes y programas de estudio se ha impulsado por medio de las recomendaciones que realizan los organismos acreditadores a los programas de estudio, los cuales casi siempre versan en necesidad de modificar el perfil de egreso de los estudiantes. Como resultado de una frenética búsqueda de la acreditación, las instituciones se ven presionadas y chantajeadas económicamente para que cambien su currícula de estudios. Por ejemplo el Consejo Nacional para la Acreditación de la Ciencia Económica (CONACE) recomendó la Facultad de Economía Vasco de Quiroga en su dictamen de evaluación de junio del 2008 (pág. 7-8), que la facultad debe de “crear una fuerte vinculación al sector productivo privado y al mercado” y concentrarse en la preparación de los estudiantes en la incubación de empresas. Otro ejemplo es que el CACEI, en la evaluación del año 2013, recomendó “vincular” a la facultad con la iniciativa privada. Inclusive, la Facultad de Psicología ha modificado el programa de estudios con el objetivo de establecer el modelo educativo basado en competencias laborales, con el objetivo de atender las recomendaciones realizadas en el año del 2007 por el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación en Psicología (CNEIP). Es importante señalar que no estamos en contra de la formación de las habilidades necesarias para el trabajo, lo que se critica es que se eliminen las características de una universidad con una gran historia democrática, humanista y científica a costa de una visión tecnocrática.

Uno de los casos más dramáticos es la velocidad con que las administraciones han flexibilizado las condiciones laborales de los profesores. Se estima que para el año de 2017 el 50 por ciento de planta docente de la UMSNH, no contará con basificación, por lo que gran cantidad de los académicos universitarios serán profesores por asignatura, por horas con contratos de interinatos. No obstante la precariedad de este gran estamento de docentes, la intención de la actual rectoría es reducir los derechos labores de los profesores de base, por medio de la modificación radical del Régimen de Jubilaciones y pensiones.

Los argumentos de dicha reforma se fundamentan en el informe sobre Proyecto Conceptual de Reforma de Beneficio Definido donde se expone la propuesta de modificación del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de la UMSNH presentado el 10 de julio de 2017 por Francisco Miguel Aguirre, de Valuaciones Actuariales del Norte. Por grotesco que parezca, dicho proyecto señala que, las instituciones de seguridad social generalmente se descapitalizan por las siguientes causas: a) incremento de la esperanza de vida; b) reconocimiento de la antigüedad (inviables financieramente); c) implementar un sistema de pensiones reconociendo antigüedad sin haber realizado los estudios actuariales; d) insuficiencia de las aportaciones, etc.

Conclusión

La crisis inducida en la que se encuentra la Universidad Michoacana, expresa una clara intención de eliminar sus objetivos sociales, claramente expuestos en el Artículo 4 de la Ley Orgánica. En este sentido, no solo es la modificación al Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores, académicos y empleados, es la consolidación de una nueva lógica y principios de funcionamiento. Sin embargo, como lo mostró la huelga estudiantil del ciclo escolar 2016-2017, el avance empresarial neoliberal no está escrito en piedra, puede enfrentarse y pararse, siempre y cuando la comunidad universitaria entienda que la opción es la movilización, no solo como universitarios, sino también convocando a la sociedad, quien también padecerá, de distintas formas, la posible derrota por la disputa de la universidad pública.

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