“Cuando la excepción se hace regla”; los senadores están por legalizar la militarización del país

Por Frente Estatal Contra la Represión y el Terrorismo de Estado.-

      5 de diciembre de 2017. El pasado 30 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presentada por el diputado priísta César Camacho Quiroz titulada “Ley de Seguridad interior”. Distintas organizaciones de derechos humanos y asociaciones ciudadanas en favor de una paz con justicia, reunidas en el colectivo “Seguridad sin guerra”, denunciaron públicamente que dicho proyecto de ley legaliza la militarización del país. Se espera que esta semana los senadores voten la aprobación de dicha iniciativa.

Tras revisar el proyecto de ley, abogados especialistas en derechos humanos y libertades democráticas han explicado que de aprobarse las Fuerzas Armadas quedarían autorizadas para realizar “investigación de delitos federales y locales”, “amenazas a la gobernabilidad”, “perturbaciones a la paz pública” e incluso “riesgos sanitarios”.

Desarrollarán también actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior, por lo que podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información, con “pleno respeto a los derechos humanos”. A lo que se agrega la facultad de catear, detener y tomar declaraciones como nuevas tareas de los militares.

Además, por simple decisión presidencial, sería posible “la suspensión de derechos humanos”, tales como “la libertad de tránsito”, el “derecho a no ser molestados en nuestra persona, familia, papeles o posesiones”, “los derechos a no ser detenidos y a no ser objeto de violencia por parte de las autoridades”, e incluso, se permitiría “el uso de la fuerza pública para controlar actos de resistencia no agresiva por parte de la población”. Todo lo anterior contradice las recomendaciones de organizaciones internacionales como la ONU y la Organización de Estados Americanos que han advertido los peligros de que las fuerzas armadas sean utilizadas para cubrir asuntos de seguridad pública. Así como también contradice el artículo 129 de la Constitución que establece: “en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

Es preciso mencionar que existen diversos estudios que demuestran que la participación de los militares y marinos en tareas de seguridad pública ha incrementado la violencia en todo el país, pero sobre todo ha aumentado la presencia de grupos delictivos. Ello puede consultarse en el estudio publicado por el Senado de la República titulado “Seguridad interior: elementos para el debate” (http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3344/Reporte39_SeguridadInterior_DistDigital.pdf), así como en los informes elaborados por investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) titulados “La Guerra contra las drogas en los hechos”, “Militarización de la lucha contra el narcotráfico” y “¿Cómo las intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad alteran la violencia?”.

Cabe recordar que el 1 de diciembre de 2016, cuando faltaban unas semanas para conmemorar los 10 años de la guerra contra el narco decretada por el expresidente Felipe Calderón, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, demandó en un discurso público “que se hagan las leyes reglamentarias del artículo 89 fracción VI Constitucional”, para que “podamos servir mejor (al país), con un respaldo jurídico que le permita al soldado hacer las cosas que la propia ley le va autorizar”.

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