Diputados de Michoacán insisten en imponer Ley Antimarchas

Por Comité Espartaco._

17 de noviembre de 2017. Hace 9 años el Congreso del estado de Michoacán comenzó a discutir un proyecto de ley que pide “regularizar” las manifestaciones sociales en dicho estado. A lo largo de casi una década, distintas organizaciones sociales y colectivos de abogados en pro de la defensa de los derechos humanos y la democracia han advertido sobre las consecuencias perjudiciales para el ejercicio de la ciudadanía.

Los diputados de la actual Legislatura de nuevo han insistido en que hay condiciones para aprobar a más tardar este mes de noviembre la iniciativa de “Ley para el ejercicio de la libertad de expresión y su manifestación del Estado de Michoacán de Ocampo”, conocida por la opinión pública como “Ley Antimarchas”.

La iniciativa fue presentada el 24 de febrero de 2016 por el diputado Ernesto Núñez Aguilar, anteriormente integrante del PRI y ahora dirigente del Partido Verde Ecologista de México, popularmente conocido como Ernesto “moches” tras ser denunciado públicamente por diversos actos de corrupción y exigir el pago del 10 por ciento a quienes gestionaran recursos públicos mediante su ayuda. En palabras de Núñez, la iniciativa propone “normativas que sirvan como plataforma para evitar bloqueos en vialidades y tramos carreteros durante el desarrollo de una manifestación”.

De acuerdo con integrantes del Frente Estatal contra la Represión y el terrorismo de Estado, dicho proyecto de ley “criminaliza” la protesta social, pues en el fondo no garantiza la libre manifestación sino que tipifica como delito el ocupar los espacios públicos para la libre expresión de ideas.

También los abogados de la asociación internacional “Artículo 19” han demostrado públicamente que la iniciativa tiende a criminalizar la protesta, pues en el artículo 12° contempla que de cometerse algún delito dentro del marco de una manifestación no sólo tendrá que pagar por ese agravo según corresponda, además se aumentara la pena correspondiente al delito hasta en una mitad en caso que el tipo penal no contemple consecuencias jurídicas calificadas o agravada. A este respecto, “se podría decretar su inconstitucionalidad al no considerar que el ejercicio de los derechos a la libre expresión, reunión y manifestación no pueden estar sujetos a reglamentaciones penales”, señalaron.

 

 

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