79 años de la expropiación petrolera

Carlos Mendoza

     18 de marzo de 2017. Hace 79 años en la capital de México, el entonces presidente de la república, Lázaro Cárdenas del Río, hacía de conocimiento público que las 17 empresas petroleras (en su mayoría inglesas y estadounidenses) serían expropiadas, es decir, pasarían a ser propiedad del Estado mexicano.

    Este suceso fue la síntesis de un movimiento obrero poderoso que fue consolidándose con la creación de la Central de Trabajadores de México en 1936, la negativa rotunda de las empresas a reconocer derechos laborales dignos a trabajadores, y el contexto internacional del viraje económico a un keynesianismo o Estado benefactor producto de una crisis económica (1929) mundial y al desarrollo del polo soviético.

    Con la expropiación y consecuente creación de Petróleos Mexicanos (PEMEX), se firmó el primer contrato colectivo de trabajo hasta 1942 por la ardua negociación de trabajadores con su nuevo patrón, el Estado. En la historia oficial nos enseñan casi nada de esa relación, solo remiten a contarnos lo que pasó el 18 de marzo de 1938 y -como es costumbre- no nos explican nada más.

     Lo cierto es que ese vínculo fue de bastante algidez política, como lo es toda lucha obrera. Un aspecto importante a mencionar aquí es que 12 días después de la publicación del decreto de expropiación (30 de marzo) surgía el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) que sería el instrumento de corporativismo que incluyó a los sectores obreros y campesinos para mantenerlos bajo control. La política del Partido Revolucionario Institucional (surgido en 1946) tiene sus orígenes en su anterior estructura política, el PRM.

     En ese afán por controlar todo, el Estado mexicano implementó un sistema caciquil de control político bastante violento, y es que los obreros del sindicato que pretendían salirse de la norma y buscar mejoras considerables, así como realizar lo que Gramsci llama “Gran política”, eran reprimidos velada y –en algunas ocasiones- directamente.

     Otro aspecto importante a considerar, son las altas ganancias que trajo la renta petrolera, sobre todo a partir de finales de los 70 (gracias a los descubrimientos de los grandes yacimientos). Por un lado, esto permitió la creación de instituciones de salud y educación pública que brindaron tan vitales servicios a gran parte de la población; por el otro lado, se dieron casos de corrupción tremendos entre políticos del gobierno en turno y personajes del sindicato de petroleros, estos últimos siendo una clase de aristocracia obrera que ayudaba también a controlar a los demás obreros.

     Al final, esta podredumbre fue uno de los principales pretextos para aprobar la reforma energética en 2013. Y es que la paraestatal ya no fue necesaria para los intereses empresariales en México, era un lastre para la economía dominante a nivel mundial, el capitalismo monopolista transnacional (lo que a veces se llama neoliberalismo) exigía que PEMEX fuera privatizada.

     La corrupción de PEMEX en más de 70 años se explica porque el Estado nunca respondió a los intereses de los trabajadores, siempre –con diferentes matices por la presión obrera- buscó perpetuar el sistema económico que beneficia a unas cuantas personas en detrimento de la explotación de la gran mayoría.

      Con la desaparición de la renta petrolera, se perdió el 40% del PIB que se utilizaba para cubrir servicios sociales, y por ende, se ha venido estrepitosamente una caída en el presupuesto otorgado para esos rubros. Hoy en día, buscar la renacionalización de la industria energética es una idea fuerza que debemos buscar todas y todos los mexicanos. No obstante, debemos de ir más allá, pues hasta el momento en que no expropiemos a la minoría social que concentra la gran riqueza que generamos, hasta que no ocurra eso será muy difícil que nuestras condiciones de vida sean dignas.

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