El normalísimo y la defensa del trabajo digno

Lucio Chávez

Estabilidad laboral, derecho a un salario digno, posibilidad de ascender, prestaciones conforme a la ley, vacaciones anuales, ahorro para el retiro, servicios de salud, pensión y jubilación, son los derechos básicos que, pese a estar contemplados en la Ley Federal del Trabajo y el Artículo 123 de la Constitución, pocos trabajadores ejercen.

Pero esto no es una sorpresa. Según los últimos datos, desde la década de los 90 de siglo pasado existe una tendencia a la baja en la proporción de trabajadores con plenos derechos. Un ejemplo es que de los pocos más de 55 millones de trabajadores que conforman la Población Económica Activa (PEA) en México, solo el 8 por ciento gozan servicio de salud, el resto se juega la permanencia en el centro de trabajo día a día.

La ausencia generalizada de derechos laborales es la consecuencia de que, desde hace 30 años, con el ascenso del neoliberalismo, empresarios y gobiernos, iniciaron una embestida brutal contra el mundo del trabajo.

El consenso de Washington, que desde 1989 marcaría los puntos clave de la política económica en el contexto neoliberal, consideró que los sindicatos y derechos colectivos de los trabajadores representaban una condición que reducía la competitividad de los países en la pelea por atraer las “divinas” Inversiones Extranjeras Directas, medicamento que aliviaría todas la patologías crónicas del subdesarrollo, argumento que evidentemente es falso.

De esta forma, desde el Banco Internacional de Pagos (BIP), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), recomendaron a las naciones la “flexibilización del mercado laboral” y “externalización o eliminación del pasivo laboral”, que en el fondo significa que ahora los trabajadores deben ser multifuncionales, sin horarios, salarios, ni jornadas fijas,  con contratos temporales, y por supuesto sin derecho a crear antigüedad. Todo ello por esquemas laborales como el outsourcing o subcontratación.

La flexibilización laboral fracturo la posibilidad de la organización sindical y el nuevo esquema, como diría Marx, se impuso a “sangre y fuego” a la clase trabajadora.

Pese a la guerra contra el mundo del trabajo, en México uno de los pocos contingentes que gracias a la resistencia pudo negarse a aplicar este esquema, fue en el magisterio. Sin embargo, desde la aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), legalizada mediante la Reforma Educativa en 2013, se pretendió someter a las nuevas generaciones de trabajadores de la educación a la subcontratación. Sobre todo, eliminando en su artículo cuarto, el concepto de plaza base.

En este sentido, la demanda de plazas para los egresad@s de las normales oficiales en Michoacán, implica no solo resistir contra el intento de eliminar uno de los pilares fundamentales de la escuela pública, el maestro; sino también negarse a ceder los derechos laborales ganados con el esfuerzo de muchas generaciones de trabajadores.

La lucha de l@s normalistas implica un noble y heroico esfuerzo de conseguir a contra corriente, lo que se ha negado a millones de mexicanos. Esfuerzo que se engrandece cuando el contexto es adverso plenamente, inclusive navegar contra dirigentes sindicales resignados y entregados ante la fatalidad de vivir en la zozobra.

Es pues una lucha por el trabajo digno, por el futuro y la realización de una aspiración que debería de ser una realidad para todos los trabajadores de este país.

La lucha de los normalistas, es una lucha por conseguir que los derechos de los trabajadores no sean solo objetos de museo. En ella deberíamos de estar todos junt@s.

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