Todo contra Ayotzinapa

A dos años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, dos jóvenes miembros de la misma normal, fueron victimados por una presunta célula del grupo criminal “Los Rojos”. Todo parece indicar que el crimen organizado, con la anuencia de los tres niveles de gobierno y la complicidad de las instituciones y corporaciones del Estado mexicano, siguen siendo un azote contra la comunidad estudiantil de dicha Normal.

Esta política desatada contra los estudiantes normalistas, contra los activistas sociales y contra los miembros de diferentes organizaciones políticas, está encaminada a desmoralizar y amedrentar a los diversos grupos que se oponen a los intereses económicos (legales e ilegales) del empresariado nacional y extranjero, que, protegido por el Estado, utiliza cualquier medio para cumplir sus objetivos.

Todo bien, todos seguros.

Según información publicada por el semanario Proceso, los cinco presuntos asesinos de Jonathan Hernández Morales y Filemón Tacuba Castro, normalistas de Ayotzinapa, “forman parte de una célula al servicio del grupo criminal Los Rojos que opera en esta capital.” Las fuentes consultadas por Apro, identificaron como jefe de la célula a un sujeto apodado La Niña, quien se encuentra prófugo junto a otros miembros del grupo delictivo.

Cabe destacar que el asesinato de ambos normalistas, sucedió un día después de que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, informó la disminución de homicidios dolosos en el estado. Según los dichos de Astudillo Flores, estos delitos se redujeron en un 35% durante el mes de septiembre.

Pero, como suele ocurrir en estos casos, la realidad se encarga de refutar las “cifras y datos oficiales”. Justo un día después de las declaraciones del gobernador, el martes 4, los dos estudiantes de cuarto año de la Escuela Normal, Jonathan Hernández Morales y Filemón Tacuba Castro, así como el profesor Juventino Carranza Tejacal, fueron asesinados durante un asalto a una camioneta del transporte público en la carretera federal que conecta la región Centro con La Montaña.

“Jonathan Hernández y Filemón Tacuba estaban cerca de egresar y realizaban sus prácticas profesionales. El primero es originario de la comunidad Los Saucitos, municipio de Tecoanapa, y el segundo de Apantla, Ayutla de los Libres, ambos en la Costa Chica”.

De acuerdo al reportaje “Asesinato de normalistas, “estrategia de exterminio”, firmado por Ezequiel Flores, la versión oficial asegura que se trató de “un asalto realizado por delincuencia común y que los estudiantes fueron asesinados porque “opusieron resistencia. Para sustentarlo, el fiscal del estado, Xavier Olea Peláez, informó que los asaltantes utilizaron armas de bajo calibre.”

Sin embargo, como lo señala el mismo artículo, dentro de la investigación realizada por peritos ministeriales se encontraron, junto con los casquillos de .22 milimetros, tipificados como de calibre pequeño, casquillos de .9 mm, considerados como de uso exclusivo del ejército y, por lo tanto, de grueso calibre.

La fantasía gubernamental contra los hechos

La versión de un testigo también contradice las afirmaciones de la fiscalía del estado. Según este testigo directo de los hechos los normalistas fueron los primeros en ser baleados, pero es falso que en algún momento opusieran resistencia.

Un sobreviviente del asalto entrevistado por Proceso afirmó que los primeros baleados fueron los dos normalistas, quienes nunca opusieron resistencia. Añadió que los criminales huyeron en un auto azul y una camioneta roja, y no corriendo, como afirmó el gobierno estatal.

“El entrevistado recuerda que los delincuentes obligaron a bajar primero a Jonathan y Filemón, quienes dijeron que no tenían nada más que cuadernos en sus mochilas porque eran estudiantes. Sin decir nada, los sujetos les dispararon a corta distancia en la cabeza y el pecho. Este dato coincide con el dictamen de la necropsia consultado por Proceso”, estás declaraciones constan en el reportaje antes citado.

Acto seguido, narra el mismo testigo “le dispararon al profesor Carranza, originario de la comunidad de Acatempa, municipio de Tixtla, y trabajador del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos. “Lo mataron de un tiro en la cabeza porque no podía sacar la cartera de su pantalón”.

A diferencia de los dos normalistas y el profesor, quienes recibieron disparos en la cabeza, las otras víctimas sólo fueron heridas y su estado de salud se reportó estable.

Es de resaltar que, si bien los cinco presuntos delincuentes ya han sido detenidos y se les ha abierto un proceso judicial, el juez que lleva el caso, Celso Ubaldo de la Sancha, es conocido porque en febrero de este año liberó, por falta de pruebas, a tres hombres acusados del secuestro y homicidio de la joven Anahí Ramírez Ambrosio, quien tenía 24 años cuando fue asesinada en marzo de 2015.

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