La privatización del Agua, el caso del municipio de Aguascalientes

En la actualidad mucho se ha dicho sobre que los servicios públicos (agua, luz, servicio de recolección de basura, etc.) privatizados son más “eficaces” y “eficientes” que sí los mantuviera el gobierno, ya que es “ineficiente”. En ese sentido Peña Nieto y el Congreso de la Unión han hecho una serie de reformas privatizadoras, el gobierno ha dicho que esas reformas “mágicamente” traerán miles de beneficios, pero los resultados son otros muy diferentes; para muestra el caso de la ciudad de Aguascalientes.

En Aguascalientes el servicio de agua potable y alcantarillado fue privatizado en 1993 (de los primeros experimentos neoliberales salinistas) cuando se entregó la licencia de explotación del recurso y su servicio; a la Concesionaria de Aguas de Aguascalientes (Caasa). Veamos cual es el origen de esta empresa, Caasa proviene de Proactiva Medio Ambiente con sede en Madrid, España, asociada en México con grupo ICA (Ingenieros Civiles Asociados) propiedad de Carlos Slim, creando la empresa Holding OMSA a su vez respaldados por Veolia Environnment empresa europea proveedora de servicios medioambientales quien a su vez es propiedad de la multinacional francesa Général des Eaux -compañía que en conjunto con Suez Vivendi controlan gran parte del agua a nivel mundial fusionándose con muchas empresas multinacionales generando una red que presiona y seduce a los gobiernos a privatizar el agua, conflictuando el bien social y el bien mercantil.

Estas empresas, el Banco Mundial, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo en complicidad con los gobiernos de distintos niveles y países; reforman leyes y artículos para permitir el control de los recursos naturales como el agua -control geográfico, social y económico, convirtiéndolo en un tema geopolítico y de seguridad nacional-.

En Aguascalientes se tiene una de las tarifas más costosas del país (desde 1993, probablemente los costos del agua privatizada han subido más de 300%); ajustando la tarifa mes a mes, en una fórmula de indexación incluyendo; costo eléctrico, salario mínimo, costo del petróleo, entre otros, así como el tipo internacional de cambio vigente al momento de su revisión mensual en Dólares.

Las empresas multinacionales a través de los gobiernos privatizadores (en asociación con los políticos que obtienen ganancias económicas) despojan a la sociedad del manejo del agua, estas compañías aseguran sus operaciones con contratos ventajosos y blindados ante cualquier contrariedad, obteniendo ganancias de alta rentabilidad imposibles en sus países de origen -debido a las regulaciones de Estados más serios y menos corruptos- por ejemplo, Caasa obtiene más de 300 millones de pesos anuales de donde el municipio de Aguascalientes sólo obtiene 37 millones de pesos, sin contar las inversiones técnicas del Ayuntamiento obligado -por contrato concesionado- a brindar las instalaciones de drenaje para que la empresa privada tenga la capacidad de dar servicio al municipio, inyectando más de 60 millones de pesos en este año, es decir eroga más de lo que recibe. Lo anterior no asegura el suministro de agua a la población ya que la empresa privada tiene un 65% de eficiencia.

Caasa, aplica cobros excesivos a 240 mil usuarios en Aguascalientes, sin abastecerlos de líquido las 24 horas del día (se realizan periodos de tandas de agua, es decir se raciona), como quedó demostrado luego de una auditoria que realizó el Instituto Técnologico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Aguascalientes. Según ese estudio “Caasa es considerada la compañía que ofrece el servicio más caro de agua potable en el país”.

La debilidad institucional ante Caasa se expresa en que por ejemplo el gobierno de Aguascalientes no puede ni siquiera sancionarla por irregularidades de servicio, cobro de tarifas, arbitrariedades, desperdicio del recurso o mal manejo del mismo ya que el título de concesión firmado en los noventa ni siquiera establece estos puntos ni contempla sanciones, mucho menos revocar la concesión, la ley a modo.

El derecho humano al agua no es respetado ya que en cuanto detectan la omisión en el pago del servicio, Caasa suspende el 100 por ciento de la dotación de agua potable, violando uno de los derechos fundamentales más importantes como es el acceso al agua. Violentando los derechos garantizados por el Estado en su Constitución en el Capítulo I, De los Derechos Humanos y sus Garantías, Artículo 4; Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible.

Los resultados de esta privatización es que hoy se pagan los precios más caros del país por un servicio que no es ni “eficaz” ni “eficiente”, que se caracteriza por múltiples fallas en la dotación en los hogares de agua y que, aun cuando no tengas el suministro del líquido, las facturas llegan puntual para ser liquidadas de lo contrario el servicio es suspendido.

Por tal motivo es necesario revocar la concesión a las empresas privadas y luchar contra las reformas privatizadoras, ya que para muestra el caso Aguascalientes, donde lo único que mejoraron fueron las utilidades de los políticos y algunas empresas extranjeras, por eso es necesario volver a tomar el control del Estado sobre los recursos públicos en todo México; y decir, ¡el agua es un bien público y un derecho humano!

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