La lucha de los normalistas y los estragos de la reforma

Muchos tenemos presente el encarcelamiento de los 52 normalistas y las constantes movilizaciones en favor de su liberación, aunado a la ola de manifestaciones en toda la República mexicana en contra de la reforma educativa.

Sin embargo habría que hacer un recuento de los hechos y desenmascarar el verdadero origen de la problemática, para ello nos remontaremos al año 2012, con el regreso del PRI al poder, el ahora presidente de la República mexicana Enrique Peña Nieto (no discutiremos ahora su ilegal y antidemocrática elección) el 2 de diciembre él y los dirigentes de los principales partidos políticos firmaron El Pacto por México, acuerdo que contemplaba entre otros objetivos el impulso de una reforma legal y administrativa en materia educativa, para febrero de 2013 la Constitución Política había sido ya modificada y los cambios al artículo tercero prometían garantizar una educación de calidad, un concepto claramente de origen mercantil y empresarial.

Para septiembre de 2013 entrarían en vigor la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente, los principales aspectos de la leyes mencionadas son; construir un sistema solido que permita seleccionar, preparar, desarrollar y evaluar a los mejores docentes para las escuelas; abrir todas las plazas docentes a concurso; crear periodos de inducción y prueba, en donde se contempla la contratación temporal; evaluar para mejorar, en la cual se apunta que México necesita con urgencia un sistema de evaluación docente basado en estándares; incrementar la autonomía escolar, para profesionalizar a los líderes y exigirles que rindan cuentas, es necesario que participen en las decisiones clave que ocurren en sus escuelas, tales como contratar o despedir docentes; así como la conformación de Concejos Escolares que tengan poder o influencia real sobre aspectos importantes.

Por lo anterior el otorgamiento de las plazas automáticas, un logro de años de lucha por parte del magisterio democrático, no existe más, para poder entrar al servicio docente los estudiantes normalistas tendrán, como lo establece la Ley, que realizar una evaluación, un concurso de selección para una contratación temporal, además dicha selección o evaluación se aplica también a todos los docentes en servicio. Con lo anterior se crean mecanismos de control político y se elimina la estabilidad laboral, además se busca operar el despido masivo de profesores y la reducción al gasto en materia educativa.

Para la aplicación de tales reformas desde 2013 el gremio magisterial (CNTE) junto con los estudiantes normalistas han sido objeto de críticas, difamaciones, amenazas y persecuciones, se les acusa de vándalos, vividores, ladrones y violentos, bajo este contexto se enmarcan los hechos del 7 de diciembre en Michoacán, donde 52 normalistas fueron detenidos y llevados a cárceles federales mientras realizaban una actividad de boteo y exigían el otorgamiento de plazas automáticas en la caseta de peaje de Zirahuen, los delitos que se les imputaron fueron secuestro y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego, delitos que más tarde no fueron acreditados porque las autoridades no presentaron las pruebas correspondientes, sin embargo los estudiantes estuvieron presos más de mes y medio, fueron puestos en libertad el pasado martes 26, por supuesto que lo anterior tiene como fin reforzar la política de terror, hostigamiento y violencia del Estado mexicano como mecanismo de control del descontento social.

Pero los hechos de violencia y terror no terminan con la liberación de los 52 normalistas, más aun, podemos mencionar infinidad de casos represivos y muestras de repudio a la clase trabajadora, basta recordar Ayotzinapa, en donde fueron desaparecidos 43 estudiantes y asesinados Daniel Solís Gallardo, Julio Cesar Mondragón Fuentes y Julio César Ramírez Nava; en 2015 se registró la muerte del profesor Claudio Castillo Peña a manos de la Policía Federal, mientras el magisterio guerrerense realizaba un mitin en el Boulevard de las Naciones, en la Zona Diamante, muy cerca del Aeropuerto de Acapulco; para el 29 de octubre del mismo año fueron detenidos los profesores Juan Carlos Orozco Matus, Othón Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez y Roberto Abel Jiménez García, todos adheridos a la Sección 22 de Oaxaca de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE), acusados de delitos federales, fueron levantados como criminales con lujo de violencia y posteriormente trasladados al Centro de Readaptación Social Número Uno, Altiplano, en el Estado de México.

Finalmente, sin lugar a dudas las manifestaciones, las muestras de apoyo, los bloqueos, marchas y plantones, el paro de labores, la toma de presidencias, de casetas de cobro, los comunicados y la intensa campaña mediática para contrarrestar la desinformación de los medios oficiales, fueron claves para liberar a los 52 compañeros y compañeras normalistas, pero olvidar que se tiene una lucha mucho más grandes sería un error, se debe pensar en la organización como camino para recuperar no sólo los derechos laborales, también derechos sociales y económicos para la clase trabajadora.

Alejo Fuentes

 

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