La violencia del estado mexicano y la reforma educativa

MÉXICO, D.F, 04ABRIL2013.- Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon del Zócalo a la Secretaría de Gobernación durante una jornada más de lucha en contra de la Reforma Educativa, por la Educación Pública Gratuita y la Defensa del Empleo. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

A casi un año y dos meses de los actos represivos y violentos del estado mexicano hacia los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, la lógica continua, los actos cometidos contra dichos estudiantes evidenciaron la complicidad de las corporaciones policiacas y militares con los grupos de paramilitares, la colusión de diputados, gobernadores y presidentes municipales con el crimen organizado, los pactos oscuros y acuerdos criminales entre los diferentes partidos políticos para evadir sus responsabilidades y hacer perenne su complicidad respecto del terrorismo de estado.

Pero también, ha demostrado que el ejercicio de la violencia, la represión y el terror son parte indisoluble de un modelo de gobierno que pretende perpetuar las injusticias sociales a partir de infundir miedo en el pueblo trabajador, en los sectores organizados, para que no proteste, se pretende consagrar el conjunto de reformas estructurales en donde la reforma educativa ha sido denominada la reforma madre.

Prueba de lo anterior es la militarización de los diferentes estados, el trato criminal que se tiene hacia el magisterio democrático y la persecución de docentes en todo el país, para lo anterior podemos mencionar a los cuatro maestros detenidos el pasado 29 de octubre adheridos a la Sección 22 de Oaxaca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que a decir de sus compañeros, fueron levantados al estilo delincuencial con todo lujo de violencia, mientras se encontraban en un plantón en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Los profesores son Juan Carlos Orozco Matus, Othón Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez y Roberto Abel Jiménez García, los hechos de que se les acusan datan todos del año 2015 y tienen como contexto la elección del 7 de junio, son señalados de ser responsables de ilícitos que no permiten la libertad bajo fianza, como la toma violenta de las instalaciones de la junta distrital en Tehuantepec; la ocupación de instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos (Pemex), como la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, y el centro de distribución y almacenamiento El Tule, en la ciudad de Oaxaca; así como actos de vandalismo en contra de las instalaciones de la octava Región Militar y; el robo de 10 mil libros de texto gratuitos propiedad de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Posterior a su detención, y con un impresionante despliegue militar únicamente comprable a los operativos desplegados para trasladar a líderes del narcotráfico, fueron llevados al Centro de Readaptación Social Número Uno, Altiplano, en el Estado de México. Para el día 6 de noviembre un juez federal dictó auto de formal prisión a Efraín Picaso Pérez y Othón Nazariega Segura, por “su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de robo”, además de que a éste último también se le imputa “su probable responsabilidad penal en la comisión del delito contra el consumo y la riqueza nacionales”.El Consejo de la Judicatura Federal informó en un comunicado que el auto de formal prisión fue dictado por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, quien actuó “en auxilio del Juzgado Quinto de Distrito del Estado de Oaxaca”.

Finalmente, no debemos olvidar que esta política de terror, de miedo y sumisión, adoptada por el estado mexicano, se sustenta en la aplicación de castigos ejemplares para la contención de la rabia, descontento e indignación de los sectores que luchan social y políticamente, el mensaje es claro si te movilizas se te puede encarcelar, asesinar o desaparecer.

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